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Boletín de noticias 14 de marzo de 2011
EL TIEMPO
POLÉMICA POR INGRESO DE CAPITAL PRIVADO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Ministerio dice que mejorará calidad y no privatizarán la educación. Académicos se hacen preguntas.
Mientras la ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclaró que la idea de inyectar capital privado a la educación pública es fortalecer la investigación, mejorar la calidad y aumentar cobertura, directores de Instituciones de Educación Superior (IES) pidieron más cautela con el tema.
La ministra Campo aclaró que estos dineros serán para cofinanciar proyectos a través de la figura de contratos de asociación, para desarrollar investigación aplicada a las necesidades del país, ante la escasez de recursos públicos. "No vamos a privatizar la educación pública", dijo.
El objetivo de esta propuesta, contemplada en la reforma a la Ley 30 de educación superior, es crear un marco que permita la existencia de esta alianza público-privada, que ya se viene dando en algunas universidades. "Con esta alianza se espera más investigación", afirmó el viceministro de Educación Superior, Javier Botero.
Este punto genera interrogantes entre los académicos. Para el
rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Camacho, hay inquietudes jurídicas sobre cómo pueden transformarse las instituciones de educación superior privadas en este tipo de sociedad con ánimo de lucro.
"Estas instituciones con ánimo de lucro deben llegar con condiciones equitativas. La pregunta es qué pasará con la educación pública, nuestra identidad cultural y los recursos precarios que tenemos frente al poder que tendrán esos monopolios económicos para montar un negocio de educación. El principio es interesante, pero hay que ser cautelosos", indicó el padre Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana.
En igual sentido se pronunció la rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Patricia Barrios, quien afirmó que es urgente reglamentar la entrada de este nueva 'tipología' de universidad para saber si tendrá el mismo acceso a los recursos públicos de crédito educativo que tienen hoy las IES sin ánimo de lucro (lo cual significaría competencia) o si realmente van a aportar nuevos fondos que aumenten la financiación de la educación privada.
Ante esto, la ministra Campos aseguró que las IES con ánimo de lucro recibirán exención tributaria si aportan al fondo de becas para jóvenes de escasos recursos. Agregó que se espera aumentar los recursos de las universidades públicas en 1,2 billones de pesos, a través de la alianza público-privada.
Según Luis Enrique Orozco, docente de la Universidad de los Andes, hay que ser cuidadosos con el origen del capital de inversión en la educación privada con ánimo de lucro, especialmente si es extranjero, a fin de garantizar la calidad de los programas y 'no engañar' a la población de bajos recursos.
El riesgo es que se pierda la diversidad de las IES actuales, dice José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, pues las nuevas instituciones solo pensarán en rentabilidad.
POLÉMICA POR ENTREGA DE TIERRAS PARA GRANDES PROYECTOS PRODUCTIVOS
El senador del Polo Jorge Enrique Robledo y el ministro del Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
El senador Jorge Enrique Robledo y el Ministro del Agricultura hablaron del tema.
'Las darán a inversionistas': Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo
¿Qué objeciones ha presentado a los proyectos productivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo?
stos son proyectos de mínimo 9.000 hectáreas de tierra. Los van a poder entregar sin ninguna traba en la altillanura. Lo que se van a inventar es que la tierra siga siendo del Estado, pero que la pueden entregar por 20 ó 50 años a los grandes inversionistas.
¿Pero es tierra productiva o improductiva?
Como todas las tierras, se tiene que trabajar para volverlas productivas. Ellos han intentado decir que son inutilizadas, pero eso son cuentos.
¿Es posible que pequeños agricultores las hagan productivas?
Es posible. Con el respaldo del Estado y con su trabajo.
¿Se le abre la puerta al capital foráneo?
La norma no impide entregarlas a capital extranjero. En el mundo hay una ofensiva del capital para comprar tierra. Si montan haciendas de este tamaño, ¿cuánto se demorarán en montar un país?
*Vea acá la entrevista completa de Jorge Enrique Robledo
'Es esquema asociativo': Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura
¿El Gobierno dará proyectos productivos a grandes magnates del país?
Ese planteamiento no solo no obedece a la realidad sino que hemos demostrado lo contrario. Se trata de un esquema en el que se van a hacer unos proyectos asociativos en los que van a participar 500 ó 600 familias de pequeños y medianos agricultores.
¿Cómo evitará el Gobierno que estos proyectos queden en manos de ricos y no de campesinos?
El Gobierno ve con buenos ojos que la inversión colombiana e incluso la extranjera que realmente incorpore economía de escala, tecnología, mercadeo e investigación científica llegue a esta región, pero preferiríamos que llegue de la mano y asociada.
¿Estos proyectos no impulsan la concentración de la tierra?
Todo lo contrario. Lo que se quiere es que, quien invierta, invierta para hacer agricultura moderna, cooperativismo. Lo que queremos es desalentar la inversión de engorde.
MAGISTRADOS PEDIRÁN CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN POR ELECCIÓN DE IGUARÁN
Sesión en la Corte Suprema de Justicia en el 2006 con la asistencia de Álvaro Uribe Vélez.
Así lo solicitarán hoy lunes los miembros de la Corte Suprema a la Fiscal y al Procurador.
Esto, por la presunta ingerencia de paramilitares en la elección de Mario Iguarán como Fiscal General.
El viernes pasado la sala plena de la Corte Suprema examinó el tema y decidió citar a la fiscal Viviane Morales y al procurador Alejandro Ordóñez para profundizar en el análisis de las denuncias.
El presidente de la Corte, Camilo Humberto Tarquino, dijo que se espera que los organismos de investigación aclaren plenamente el procedimiento que llevó a la elección de Iguarán en julio del 2005.
Iguarán dijo que la versión es una "aberración" y que no ve a los magistrados recibiendo dineros.
La Fiscal y el Procurador fueron convocados para la reunión de la sala plena de este lunes.
IMPUGNAN TUTELA QUE RESTITUYE AL GENERAL ÁLVARO HERNÁN VELANDIA
Tres magistrados del Consejo de Estado intentan invalidar tutela que tumbó destitución del oficial.
Radicaron este viernes dos recursos para dejar sin validez la tutela que tumbó la destitución del general Álvaro Hernán Velandia Hurtado por la desaparición de la guerrillera del M-19 Nydia Erika Bautista.
En la edición de este sábado, por error, este diario informó que los magistrados Susana Buitrago Valencia y Mauricio Torres Cuervo habían acompañado la pretensión del militar, que fue fallada favorablemente por una sala de conjueces del mismo tribunal. La realidad es que los dos magistrados, junto con el presidente del Consejo, Mauricio Fajardo, fueron quienes impulsaron la impugnación contra la polémica decisión de los conjueces.
La magistrada Buitrago -que fue quien proyectó el fallo de la Sala Plena que en el 2009 le había puesto final al caso Velandia, con la confirmación de la destitución impuesta por la Procuraduría- incluso presentó un incidente de nulidad. Considera que los conjueces no tenían facultades para desconocer la decisión de la Sala Plena.
"Casos como estos demuestran la inseguridad jurídica que se crea a partir de las tutelas contra sentencias -dijo la magistrada Buitrago-. No es concebible que una sala de tres conjueces tenga el poder de anular lo que fue decidido en una sentencia de unificación por la Sala Plena del Consejo de Estado".
Un cuarto de siglo después de la desaparición de Bautista y 16 años desde que fue destituido, Velandia ha logrado mantener viva su pelea judicial contra la destitución. Su argumento es que supuestamente no fue debidamente notificado de la decisión disciplinaria en su contra.
"La Sala de Conjueces, de forma desconcertante, excedió las competencias que le correspondían (...) Revocó una providencia proferida válidamente por el juez natural previsto por el ordenamiento, situación que comportó la usurpación y suplantación de las funciones constitucionales y legales", dice la impugnación.
NUEVO REGAÑO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A LOS BANCOS
Los emplazó a respetar los derechos de clientes que amparan deudas con seguros de vida.
La Corte Constitucional emplazó a los bancos para que respeten los derechos de los clientes que amparan sus obligaciones financieras con los seguros de vida que se firman al momento de adquirir las deudas.
Hace algunos meses, antes del fallo de la Corte, una entidad bancaria en Medellín condonó todas las obligaciones crediticias de un hombre de 74 años de edad, quien padece de un cáncer gástrico que lo obligó a dejar su trabajo.
Para ese momento, el cliente había tenido que recurrir a la tutela -que fue negada en dos instancias- porque el banco se negaba a cumplir el seguro, alegando que supuestamente no había reportado su enfermedad antes de firmar la póliza.
El hombre, casado, con 3 hijos y con una pensión de vejez de 950.000 pesos, recibió una incapacidad de casi el 60 por ciento por la enfermedad.
Cuando pidió que se reconociera esa situación y se cancelaran sus obligaciones en cumplimiento del seguro, empezó una pelea de casi cuatro años que finalmente terminó a su favor.
A pesar de que el banco se anticipó a su fallo, la Corte siguió adelante con el proceso y advirtió que las entidades financieras deben tener miramientos en las disputas legales con sus clientes.
Según el fallo, los derechos básicos del anciano "fueron
quebrantados al tener que seguir abonando a una obligación crediticia, no obstante está cubierto con un seguro".
TUTELAZO A CONSEJO DE ESTADO RESTITUYÓ AL GENERAL ÁLVARO VELANDIA
Fue separado del Ejército por desaparición de guerrillera del M-19. Ahora, el fallo fue revocado.
Año y medio después de que el Consejo de Estado confirmó la destitución del general del Ejército Álvaro Hernán Velandia Hurtado por desaparición forzada, una sala de tres conjueces tumbó ayer, con una tutela, la decisión.
El oficial fue destituido por la Procuraduría a través de un fallo disciplinario que lo encontró responsable de la desaparición, hace 24 años, de la guerrillera del M-19 Nidia Érika Bautista.
Segú los conjueces Álvaro Escobar Enríquez, María Carolina Rodríguez Ruiz y Jorge Iván Acuña Arrieta, el Consejo de Estado se equivocó al confirmar una decisión disciplinaria que no fue notificada en debida forma.
El presidente del alto tribunal, el magistrado Mauricio Fajardo, anunció que impugnará la decisión de los conjueces. La tutela fue presentada por Velandia, alegando que se violaron sus derechos por errores procedimiento en la decisión.
Según el magistrado Fajardo, dos de los actuales magistrados del Consejo de Estado, Susana Buitrago Valencia y Mauricio Torres Cuervo lo acompañan en la impugnación.
El proceso del general Velandia llegó al Consejo de Estado tras una larga batalla jurídica que comenzó en 1994, cuando la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el oficial. Un año después ordenó su destitución.
La desaparición de la guerrillera del M-19 ocurrió en Bogotá, de acuerdo con el expediente, el 30 de agosto de 1987, en momentos en que Velandia dirigía el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del desaparecido batallón Charry Solano, unidad militar que se convirtió en la Brigada 20 del Ejército.
Ese día, señala el fallo, varios hombres vestidos de civil y armados subieron a la mujer a la fuerza en una camioneta. Bautista apareció 12 días después, enterrada en el cementerio de Guayabetal (Cundinamarca) como NN. Estos hechos son investigados por la Fiscalía.
El general Velandia demandó el fallo disciplinario ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, que inicialmente aceptó sus argumentos. Sin embargo, el caso fue revisado por la Sala Plena del alto tribunal en septiembre del 2009, que confirmó la decisión del Ministerio Público.
Según el presidente del Consejo de Estado, los conjueces deberán responder por una decisión que tomaron sin argumentos jurídicos, dando por cierta una interpretación de normas y reabriendo un debate que ya se había cerrado con la decisión de la Sala Plena, "asumiendo competencias que no le correspondían".
EL NUEVO SIGLO
CORTE DE CUENTAS A SESIONES EXTRAS DEL CONGRESO
Termina esta semana el trabajo tempranero al que fue convocado desde febrero el Congreso con el propósito, de un lado, ejercer control político a la declaratoria de un estado de excepción para afrontar la tragedia invernal y, de otro, avanzar en el trámite de proyectos de ley y reformas constitucionales consideradas clave por el Gobierno nacional.
Como siempre, los balances terminan siendo contradictorios. En los pasillos del Senado y la Cámara se afirma que la tarea se cumplió en su mayor parte, aunque reconocen que hubo algunos vicios y problemas reiterados como el ausentismo y la distracción que produce en los parlamentarios la campaña electoral regional. El parte de la Casa de Nariño también asoma positivo, pues buena parte de la agenda que necesitaba impulsar logró avances importantes en sus debates, como los proyectos sobre reparación a víctimas de la violencia, el Estatuto anticorrupción o el que da facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear ministerios y reformar otras entidades, iniciativa que se espera mañana reciba el último visto bueno en el Legislativo, una vez se superen algunos roces en el interior de la coalición de Unidad Nacional.
Sin embargo, hay algunos sectores nacionales que si bien no subvaloran lo hecho en las últimas semanas por el Congreso, advierten que dejó mucho que desear el nivel de control político que senadores y representantes a la Cámara hicieron a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por la crisis invernal. Se esperaba mayor profundización en el análisis del decreto matriz y los dictados a su amparo, pero ello no ocurrió. Temas tan complejos como el papel de las corporaciones autónomas regionales, que merecían debates serios y profundos, quedaron a medio camino y la sensación de que muchos parlamentarios no le metieron diente debido a que esos entes son nichos electorales y burocráticos en muchos departamentos.
ANALIZAN DECRETOS DE EMERGENCIA
Después de declarar exequible el decreto madre de la Emergencia Social, Económica y Ambiental que profirió el Gobierno para hacerle frente a la ola invernal que se presentó a finales del 2010, desde el próximo miércoles la Corte Constitucional iniciará el estudio de los demás decretos que desarrollaron el estado de excepción.
En Sala Plena, el alto Tribunal iniciará el análisis de los primeros seis decretos que reglamentan el que ya fue declarado constitucional. Uno de ellos es el decreto 4830 de 2010, modificatorio del decreto 4702 del mismo año que también fue expedido dentro de la misma emergencia y que de igual manera será estudiado por la alta Corte, el cual ordena realizar transferencias de recursos del Fondo Nacional de Calamidades a los departamentos y municipios afectados por la ola invernal.
El Procurador General, en concepto rendido el pasado 14 de febrero, le pidió a la Corte Constitucional declarar dicho decreto exequible. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público pidió declarar inconstitucional un artículo del decreto 4702 que no fue modificado por el 4830 y que tiene que ver con la inclusión de una nueva falta gravísima dentro del Código Único Disciplinario.
“No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la prevención y atención de desastres”, es la nueva causal de sanción disciplinaria que contemplo el Gobierno para aquellos funcionarios que no cumplen los mandatos exigidos por los decretos expedidos en la Emergencia Social.
No obstante, para el jefe del órgano de control, “el artículo no tiene relación con el núcleo temático del decreto legislativo del cual hace parte, cuyos propósitos, son los de modificar algunas órganos administrativos, integrar una estructura jerárquica para el manejo de recursos, habilitar de un sistema simplificado de contratación, simplificar el régimen contractual para atender la grave calamidad pública, e integrar los organismos encargados de la atención de desastres y las autoridades públicas. El crear una falta gravísima, al introducir una adición al Código Disciplinario Único, no corresponde a ninguno de los anteriores objetivos y, por lo tanto, vulnera el principio de unidad de materia”, afirmó Ordóñez.
LO QUE PIDEN LAS VÍCTIMAS EN LA LEY DE REPARACIÓN
Pliego modificatorio busca evitar inexequibilidad del articulado.
Un pliego modificatorio del articulado del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, que está en penúltimo debate en el Congreso, fue presentado la semana pasada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
El documento, que ya está en poder de los ponentes de la iniciativa en la comisión primera del Senado, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa tal como está, ya que para el Movice el proyecto en general retrocede en el reconocimiento de los derechos de la población desplazada con respecto a la legislación y jurisprudencia vigentes, elementos que al parecer ya se encontraban vencidos y superados en la sentencia T-025 de la Corte Constitucional y en los posteriores autos de seguimiento como la distinción de medidas y el enfoque diferencial aplicado a los derechos de las víctimas, ahora son puestos en cuestión.
“Esta situación tiene por lo menos dos consecuencias previsibles: por una parte se vicia el proyecto exponiéndolo a una posible declaratoria de inconstitucionalidad y por otra se crean sistemas de atención paralelos que confunden la ruta de acceso para la población desplazada”, sostuvo Movice a través de un comunicado.
La organización, en su propuesta de articulado modificatorio, alertó sobre los riesgos que subsisten en el proyecto presentado y llamó la atención sobre las restricciones estructurales que se le imponen a la reparación integral, sobre la exclusión de grupos significativos de víctimas, y sobre medidas que favorecerían a responsables de crímenes como el despojo y la desaparición forzada.
Entre los peros planteados está que la iniciativa y posterior trámite del proyecto de ley además de no contar con la participación de las víctimas, contraviniendo un requerimiento establecido por el sistema interamericano en relación con el diseño de políticas integrales de reparación, omitió la consulta previa consagrada en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT que señala la obligación de los Estados de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Propuestas
“Requerimos al Gobierno Nacional, los congresistas ponentes y a los Ministerios involucrados en el diseño de la iniciativa, ajustar el proyecto a los estándares internacionales, principios y derechos constitucionales”, planteó el Movice en su propuesta. “Para estos efectos presentaremos un pliego modificatorio del articulado presentado al Senado de la República que esperamos sea tenido en cuenta.
Advertimos sobre la inconstitucionalidad del proyecto tal y como está concebido en la actualidad y anunciamos que en caso de no ser modificado sustancialmente, estaríamos obligados a demandar la ley. Llamamos a establecer mecanismos de monitoreo y veeduría frente a la aplicación de la ley”, agregaron.
En la presentación, el Movice reiteró que “defiende una reparación integral que incluya medidas efectivas de respeto y garantías a los derechos a la verdad y la justicia, por esto llamamos a la sociedad en general a movilizarse activamente por los derechos de las víctimas en todo el territorio nacional”.
La organización expresó en su documento una invitación “a la construcción con y desde las víctimas, comunidades, y colectivos de propuestas de reparación integral que respondan a las condiciones históricas, necesidades y expectativas de los beneficiarios y beneficiarias: estas propuestas deben partir de un trabajo de identificación de los daños materiales, espirituales, culturales, territoriales, entre otros, y los impactos particulares que los mismos generaron en las mujeres y niñas”.
Además, en el documento el Movice sostuvo que se ratifica en “las propuestas que elevamos al nuevo Gobierno y particularmente que se inste a la fiscal general de la Nación, Viviane Morales Hoyos, para que adopte un modelo jurídico comprometido con la investigación y adecuada sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad y una metodología de investigación que permita establecer los contextos de los crímenes, patrones de victimización, sectores afectados, móviles, máximos responsables y otros aspectos que permitirán avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se debe incentivar el desarrollo de tendencias jurisprudenciales que avancen hacia la identificación de las estructuras organizadas de poder. Se supere el concepto de concierto para delinquir agravado y se maneje la categoría de Crímenes de Lesa Humanidad que implica investigar y juzgar a los responsables bajo esos parámetros conceptuales”.
REVISTA SEMANA
SOBRE LAS VERDADERAS FLORES DEL DÍA DE LA MUJER
Por Diana Esther Guzmán*
Lo que necesitamos no es un día para reforzar estereotipos, sino un día para recordar que tenemos iguales derechos.
El pasado 8 de marzo se celebró el día internacional de la mujer. Lo particular de este día es que se cumplieron cien años desde que por primera vez en el mundo se instauró una fecha específica para conmemorar la lucha de las mujeres por sus derechos. Pero ¿qué fue lo que realmente celebramos en Colombia?
Por cuenta de la celebración, cientos de mujeres comieron más dulces que de costumbre. Miles de hombres caminaron por las calles llevando en sus manos flores para obsequiar. Algunos optaron por los peluches para exaltar la “ternura femenina” y otros por postales y tarjetas, de esas que “les gustan a las mujeres”. Se escucharon muchos discursos en los que se exaltaba el gran papel que tienen las madres en nuestra sociedad y lo increíbles que son las mujeres que son capaces de trabajar y preservar el hogar… Parecía una jornada destinada a reforzar estereotipos y olvidar los derechos.
Pero mientras eso ocurría, muchas personas intentaban desenterrar el verdadero significado de este día. Con frases como: “más derechos, menos rosas” y “no se trata de felicitar y celebrar, sino de conmemorar la lucha por los derechos”, miles de mujeres trataron de recordarle al mundo que a pesar de los ríos de flores que se movían paralelamente con el agua que rodó por las calles del país, el día a día de las mujeres sigue estando marcado por la discriminación y por intolerables manifestaciones de la violencia, muchas de las cuales siguen siendo aceptadas por la sociedad y no enfrentadas de manera efectiva por el Estado.
En todos los ámbitos, las mujeres siguen llevando la peor parte.
Los hombres continúan teniendo las mejores opciones laborales y las más altas probabilidades de ascenso. Incluso cuando desempeñan el mismo trabajo, las mujeres tienden a ganar menos.
En política, los hombres siguen siendo quienes dominan el debate público, pues son pocas las mujeres que son elegidas por el pueblo para que sean sus representantes y muy pocas también las que llegan a los altos cargos del Estado.
La violencia sigue siendo el pan de cada día para millones de mujeres. En sus hogares, por cuenta de algunos de los hombres más cercanos, o en la calle, por parte de desconocidos, las mujeres enfrentan mayores riesgos de ser amenazadas, maltratadas y violadas. Según cifras oficiales, cada día en Bogotá 40 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. Organismos de Naciones Unidas han denunciado la enorme cantidad de casos de violencia sexual ocurridos en diferentes regiones de país, en los que mujeres y niñas son las víctimas, y en los que reina la impunidad.
Muchos de los casos de violencia contra la mujer, en especial los perpetrados por los actores del conflicto armado, no son denunciados. El temor a recibir amenazas, ser nuevamente violentadas o a tener que desplazarse, así como la casi imposibilidad de recibir una protección adecuada por parte de las autoridades, hacen que mujeres y niñas prefieran guardar silencio.
Y aunque el Estado tiene la obligación de eliminar la discriminación y la violencia, así como de frenar la impunidad, son pocas las acciones concretas que se han emprendido para lograrlo. Tres ejemplos permiten ilustrarlo.
En 2008 se aprobó una ley que contempla acciones para enfrentar la violencia contra la mujer (Ley 1257), pero hasta ahora no ha sido reglamentada y aún no se ha asegurado el presupuesto para que se cumplan algunas de sus disposiciones. Además, tras siete meses de Gobierno, no se ha nombrado a la persona que deba encargarse en propiedad de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, que es la institución llamada a coordinar las acciones del Estado para promover la igualdad de las mujeres y la eliminación de la violencia en su contra.
Y la Corte Constitucional, que ha avanzado tanto en la protección de los derechos, no parece aplicar lo que predica, pues en su lista de conjueces, dada a conocer recientemente, solo incluyó a dos mujeres entre los 18 abogados ilustres que conforman dicha lista.
El resultado: aunque persisten la discriminación y la violencia, el compromiso con la realización de los derechos de las mujeres sigue estando lejos de ser una realidad.
El día de la mujeres no debería ser entonces un día de flores y regalos con los que se endulce la realidad, sino una oportunidad para conmemorar la lucha de miles de mujeres por sus derechos y adquirir nuevos y sinceros compromisos para que dichos derechos no se sigan quedando en el papel.
CARACOL RADIO
REUNIÓN DE CORTE, FISCAL Y PROCURADOR POR SUPUESTO PAGO DE 'PARAS' EN ELECCIÓN DE IGUARÁN
La Corte Suprema de Justicia citó a la Fiscal General, Viviane Morales, y al procurador, Alejandro Ordoñez, para discutir los alcances de la denuncia acerca de los supuestos pagos a magistrados para la elección del ex fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana.
Tras la solicitud hecha por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, para que se investiguen las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la elección del ex fiscal Mario Iguarán Arana, fueron convocados la fiscal, Viviane Morales Hoyos y el procurador, Alejandro Ordoñez, a una reunión extraordinaria que se cumplirá este lunes ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el Alto Tribunal ya había compulsado copias a la Comisión de Acusaciones desde abril de 2008 para investigar la supuesta injerencia de paramilitares en la elección de Iguarán Arana, puntualmente del extraditado cabecilla Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', la Corte Suprema abordará de nuevo el tema luego de ser revelado un cable de Wikileaks en el que se habla de los supuestos pagos que se hicieron para que garantizar la elección del hoy embajador en Egipto.